Alfombra roja para el comercio electrónico

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El e-commerce, que llegó hace relativamente poco tiempo a nuestro país, se asienta cada vez más y “amenaza” con quedarse por mucho tiempo y convertirse en una nueva vía de negocio, que promete buenos resultados y garantiza la transparencia y seguridad al usuario. Más aún desde la reciente aprobación del proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por parte del Consejo de Ministros.

Si bien, aunque la evolución del comercio electrónico, y sus prácticas derivadas como el mobile commerce, han ido aumentando vertiginosamente de un tiempo a esta parte, lo cierto es que aún hay muchos usuarios que rechazan la compra por Internet por miedo a engaños, estafas o pérdida de información confidencial.

Si bien, estos “rezagados” ahora van a tener más difícil resistirse a las ventajas y comodidades del e-commerce, debido a la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de un proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que refuerza la protección de los ciudadanos en transacciones de comercio electrónico y mejora sus derechos, por ejemplo ampliando directamente el plazo de las devoluciones de siete a catorce días. ¡Pero ésta no es la única novedad!

A la vista del auge que está experimentado la compra on line, que entre enero y marzo de 2013 batió un nuevo record al ingresar 2.822,6 millones de euros, el Gobierno ha decidido extender la alfombra roja y mejorar la protección de los derechos de los consumidores para así favorecer la evolución y asentamiento de este nuevo negocio digital en nuestro país.

Aumentan las leyes protección en el e-commerce

Con la finalidad principal de reforzar la seguridad jurídica, tanto de consumidores como de empresarios del sector, el proyecto que incorpora una directiva europea, dota a los usuarios de nuevos derechos en cuanto a plazos de entrega, desestimiento y riesgo de pérdida o deterioro del producto adquirido, además de introducir medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los compradores.

Entre estas medidas concretas, destaca la ampliación de información precontractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general; y en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Ésta tendrá que ser clara y comprensible, para conseguir “eliminar la letra pequeña”, según aseguró la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Además, en el caso de que una empresa contacte telefónicamente con el usuario para formalizar un contrato, éste deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, es decir, la oferta no será vinculante hasta que se haya firmado o enviado el acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS. También la nueva normativa, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, establece que el plazo de catorce días para devolver una compra queda automáticamente ampliado a 12 meses, “en caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer ese derecho”.

Asimismo, otra medida se centra en evitar las “cargas encubiertas”, por lo que se establece que el empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción. Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del mismo.

Finalmente, en cuanto a los “cargos adicionales” que pueden derivarse de contratos formalizados a distancia, el proyecto establece nuevas reglas muy interesantes, como que por ejemplo el empresario puede habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, pero el uso de la misma no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica; o que no se podrán facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos por el uso de los mismos.

Todas estas medidas, que han sido consensuadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto Nacional de Consumo, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, están encaminadas a favorecer la seguridad, confianza y garantías del e-commerce y los contratos a distancia, que impulsarán la compra por Internet, la proliferación de negocios en la red y el crecimiento de este sector en auge.

Una nueva muestra de las posibilidades de crecimiento de este sector que, insisto, ¡Ha venido para quedarse!

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